Nota de prensa,
Martes, 12 de enero del 2016,
Santo Domingo, D.N.
Martes, 12 de enero del 2016,
Santo Domingo, D.N.
Los candidatos a la presidencia de la República y los jefes de los principales partidos políticos han sido demandados a comparecer de forma forzosa en la audiencia que conocerá el recurso de amparo en contra de las plantas de carbón de Punta Catalina, el próximo lunes 18 de enero, en el Tribunal Superior Administrativo.
El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) y diversas organizaciones de la Provincia Peravia y de otras localidades del país demandaron la intervención forzosa en esta audiencia de los candidatos a la presidencia de la República Danilo Medina, Luís Abinader, Minou Tavárez Mirabal y Guillermo Moreno.
También citaron, a través de este procedimiento, a los presidentes de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández Reyna, del Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, del Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle, del Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista García, y de la Alianza Por la Democracia (APD), Max Puig.
En rueda de prensa celebrada en la mañana de hoy en el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), las entidades denunciaron que el gobierno autorizó en secreto la instalación en Punta Catalina de otra planta de carbón de 600 megavatios a una empresa radicada en el país que no es conocida en el ramo de la generación eléctrica.
Anunciaron que solicitarán al Tribunal Superior Administrativo que impida la instalación de esta tercera planta en Punta Catalina, en adición a la solicitud que ya hicieron de que se ordene la detención de la construcción de las otras dos plantas a cargo del consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella.
Revelaron que por acuerdo suscrito el 27 de diciembre del 2013 entre la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y la empresa Pinegy Commercial Group, ratificado por el poder especial del Presidente de la República No. 39-14 de fecha 28 de marzo del 2014, se traerá a Punta Catalina esta planta desde Carolina del Sur, EUA.
Explicaron que la CDEEE comprará durante 25 años la electricidad que esta planta produzca en condiciones parecidas a las que tuvo el contrato de la COGENTRIX, en el que el Estado se compromete a pagar un cargo fijo aún cuando la planta no produzca energía.
Las organizaciones consideraron que esta tercera planta de carbón en Punta Catalina agrava aún más la ilegalidad de este proyecto, demuestra su total carencia de transparencia, y su vinculación al tráfico de influencias y a actividades corruptas.
Dijeron que este acuerdo de potencia No. 391-13 se concertó sin licitación, no posee licencia ambiental y, por acuerdo entre la CDEEE, las empresas privadas involucradas y la Presidencia de la República, se mantuvo la existencia de este proyecto en absoluto secreto, contraviniendo todas las leyes y disposiciones que obligan al Estado a actuar con transparencia.
Señalaron que en el artículo 34 de este acuerdo se estableció que no se difundiría este proyecto y se ocultaría hasta de autoridades que no tuvieran relación directa con el mismo.
Indicaron que la opacidad de la conducta del gobierno también se ha puesto de relieve en el reciente anuncio que hiciera de que un consorcio de bancos europeos había desembolsado 200 millones de dólares a suplidores extranjeros del Estado dominicano en la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina.
“El gobierno ocultó a la opinión pública la condición de este préstamo de devolver íntegramente este dinero si para el 1ero. de abril el Banco de Desenvolvimiento Económico y Social (BNDES) del Brasil no ha desembolsado el empréstito contratado con el Estado dominicano, lo que es muy poco probable, por no decir que imposible, por éste formar parte del proceso que investiga la justicia brasileña contra ODEBERCHT y que mantiene en prisión al que fuera hasta hace poco su presidente”, manifestaron.
Agregaron que otra condición de este préstamo que el gobierno ha ocultado es que se hará responsable ante cualquier demanda que surja en contra de estos bancos por financiar las plantas de carbón de Punta Catalina.
El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) y las organizaciones de la Provincia Peravia y de otras localidades del país, justificaron la comparecencia de los candidatos a la presidencia y de los presidentes de los principales partidos políticos en la afectación inminente e irreparable del ambiente y la salud de las personas de la provincia Peravia, especialmente de las comunidades cercanas a Punta Catalina.
Adujeron que los partidos políticos participan en la administración de los recursos del Estado y en el establecimiento de políticas públicas, poseen la obligación de defender los intereses colectivos y difusos contenidos en el artículo 66 de la Constitución de la República y el artículo 8 de la Ley 64-00 sobre el Principio de Prevención y de Precaución.
Expresaron que los partidos políticos citados participaron en la aprobación de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que establece la descarbonización y el desarrollo de las energías renovables en su artículo 27, y por tanto están obligados a oponerse a la construcción de estas planas de carbón que flagrantemente viola esta ley.
Afirmaron que la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina, que ahora se agrava con la instalación de otra secreta de 600 megavatios, viola también el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos de América que en capítulo XVII establece el Principio de no regresión prohibiendo desproteger el medio ambiente y los recursos naturales para favorecer a una determinada empresa.
El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) y diversas organizaciones de la Provincia Peravia y de otras localidades del país demandaron la intervención forzosa en esta audiencia de los candidatos a la presidencia de la República Danilo Medina, Luís Abinader, Minou Tavárez Mirabal y Guillermo Moreno.
También citaron, a través de este procedimiento, a los presidentes de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández Reyna, del Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, del Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle, del Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista García, y de la Alianza Por la Democracia (APD), Max Puig.
En rueda de prensa celebrada en la mañana de hoy en el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), las entidades denunciaron que el gobierno autorizó en secreto la instalación en Punta Catalina de otra planta de carbón de 600 megavatios a una empresa radicada en el país que no es conocida en el ramo de la generación eléctrica.
Anunciaron que solicitarán al Tribunal Superior Administrativo que impida la instalación de esta tercera planta en Punta Catalina, en adición a la solicitud que ya hicieron de que se ordene la detención de la construcción de las otras dos plantas a cargo del consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella.
Revelaron que por acuerdo suscrito el 27 de diciembre del 2013 entre la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y la empresa Pinegy Commercial Group, ratificado por el poder especial del Presidente de la República No. 39-14 de fecha 28 de marzo del 2014, se traerá a Punta Catalina esta planta desde Carolina del Sur, EUA.
Explicaron que la CDEEE comprará durante 25 años la electricidad que esta planta produzca en condiciones parecidas a las que tuvo el contrato de la COGENTRIX, en el que el Estado se compromete a pagar un cargo fijo aún cuando la planta no produzca energía.
Las organizaciones consideraron que esta tercera planta de carbón en Punta Catalina agrava aún más la ilegalidad de este proyecto, demuestra su total carencia de transparencia, y su vinculación al tráfico de influencias y a actividades corruptas.
Dijeron que este acuerdo de potencia No. 391-13 se concertó sin licitación, no posee licencia ambiental y, por acuerdo entre la CDEEE, las empresas privadas involucradas y la Presidencia de la República, se mantuvo la existencia de este proyecto en absoluto secreto, contraviniendo todas las leyes y disposiciones que obligan al Estado a actuar con transparencia.
Señalaron que en el artículo 34 de este acuerdo se estableció que no se difundiría este proyecto y se ocultaría hasta de autoridades que no tuvieran relación directa con el mismo.
Indicaron que la opacidad de la conducta del gobierno también se ha puesto de relieve en el reciente anuncio que hiciera de que un consorcio de bancos europeos había desembolsado 200 millones de dólares a suplidores extranjeros del Estado dominicano en la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina.
“El gobierno ocultó a la opinión pública la condición de este préstamo de devolver íntegramente este dinero si para el 1ero. de abril el Banco de Desenvolvimiento Económico y Social (BNDES) del Brasil no ha desembolsado el empréstito contratado con el Estado dominicano, lo que es muy poco probable, por no decir que imposible, por éste formar parte del proceso que investiga la justicia brasileña contra ODEBERCHT y que mantiene en prisión al que fuera hasta hace poco su presidente”, manifestaron.
Agregaron que otra condición de este préstamo que el gobierno ha ocultado es que se hará responsable ante cualquier demanda que surja en contra de estos bancos por financiar las plantas de carbón de Punta Catalina.
El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) y las organizaciones de la Provincia Peravia y de otras localidades del país, justificaron la comparecencia de los candidatos a la presidencia y de los presidentes de los principales partidos políticos en la afectación inminente e irreparable del ambiente y la salud de las personas de la provincia Peravia, especialmente de las comunidades cercanas a Punta Catalina.
Adujeron que los partidos políticos participan en la administración de los recursos del Estado y en el establecimiento de políticas públicas, poseen la obligación de defender los intereses colectivos y difusos contenidos en el artículo 66 de la Constitución de la República y el artículo 8 de la Ley 64-00 sobre el Principio de Prevención y de Precaución.
Expresaron que los partidos políticos citados participaron en la aprobación de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que establece la descarbonización y el desarrollo de las energías renovables en su artículo 27, y por tanto están obligados a oponerse a la construcción de estas planas de carbón que flagrantemente viola esta ley.
Afirmaron que la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina, que ahora se agrava con la instalación de otra secreta de 600 megavatios, viola también el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos de América que en capítulo XVII establece el Principio de no regresión prohibiendo desproteger el medio ambiente y los recursos naturales para favorecer a una determinada empresa.
COMITÉ NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO, CNLCC
INSTITUTO DE ABOGADOS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, INSAPROMA
INSTITUTO DE ABOGADOS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, INSAPROMA
Pies de fotos:
001: El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) anunció en rueda de prensa celebrada en la mañana de hoy la comparecencia forzada de los candidatos a la Presidencia de la República y de los presidentes de los partidos del país, a la audiencia del próximo lunes 18, en la que el Tribunal Superior Administrativo conocerá el recurso de amparo preventivo ambiental contra las plantas de carbón de Punta Catalina. De izquierda a derecha, Domingo Acevedo, Euren Cuevas, Enrique de León y Tito Olivo Salazar.
004:Enrique de León declara en nombre del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) en rueda de prensa celebrada en la mañana de hoy en la sede del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP).
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